De la ley trans a la de vivienda, divisiones y errores en las izquierdas

 La tramitación de la ley trans se ha convertido en un filón para las derechas y sus poderes mediáticos. “Pocas leyes en nuestra historia democrática reciente han generado tantos encontronazos como la ley trans. No sólo por las disputas políticas dentro del primer gobierno de coalición de España, sino también por las tensiones que ha creado dentro del PSOE, en el propio grupo de Unidas Podemos o entre las organizaciones LGTBI y parte del feminismo, históricos aliados” decía recientemente Marisa Kohan (Público.es 31/10/2022). No podemos estar más de acuerdo: se está utilizando para dividir a las izquierdas, los canales televisivos y mediáticos han encontrado un filón en el tema, dedicando múltiples horas a mostrar las diferentes posturas sobre cada disputa dentro del Gobierno, de cada partido y dentro del feminismo. Fricciones por ejemplo sobre el tema de la edad, quienes tienen que intervenir en cada procedimiento de transexualidad, qué agentes según se tenga 12, 14 o 16 años.

Hay que recordar que la población transexual, por definición, busca la transición “hombre a mujer” o “mujer a hombre”, mediante una intervención externa, medicalizada y/o mediante cirugía, por lo tanto la intervención médica estará siempre presente, negarlo es absurdo. El debate de cuándo y cómo interviene el personal médico en cada fase de la transición, según las edades, no puede constituir lo esencial de la discusión sobre un proyecto de ley. Debería de haber al menos un acuerdo de consenso en que sí que tienen que intervenir estos agentes externos en el diagnóstico. En todo caso, para decidir, habrá que recoger la opinión del personal experto en la materia y de las ciencias de la salud, no solo la opinión de los afectados. Ya que por definición la transexualidad se manifiesta en el deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

Mientras, las derechas disfrutan de las peleas intestinas de las izquierdas, partiéndose de risa o diciendo, con su simpleza habitual, que la ley es un capricho de la izquierda y que la abolirán en cuanto lleguen al poder. No es un tema para tomárselo a guasa, la ley afectará a derechos fundamentales de futuras generaciones de la población afectada pero ¿de cuantas personas estamos hablando? En los informativos de las televisiones más “progresistas”, de la Sexta y en la 1 de la pública Rtve, ha habido días en que parecía que era el tema principal de vulneración de Derechos Humanos en la sociedad española. Entre todas las informaciones, solo una vez se ha comentado que “la población transexual supone alrededor del 0,1% en España, menos de 50.000 personas” (por supuesto no se ha explicado estas cifras ni se han dado las fuentes). Es muy difícil conocer las cifras reales, pero algunos estudios dan datos aun menores.

En la investigación de la doctora Mayra Chárriez Cordero (publicado en la revista Griot, 2013) se realiza una recopilación de datos cuantitativos de múltiples fuentes que aporta porcentajes menores: “las estadísticas mundiales señalan que hay 1:100,000 hombres que se sienten mujer psíquicamente y 1:200,000 mujeres que psíquicamente se consideran varones”. En un estudio realizado en 15 países europeos las cifras también son mínimas aunque un poco superiores, se consideró que hay 1 de cada 35.000 varones transexuales y una de cada 105.000 mujeres transexuales y en el caso de España los datos recopilados nos igualan a la media mundial: 1 por cada 100.000 transexuales masculinos y 1 de cada 200.000 transexuales femeninos. En conclusión “de acuerdo a las Guías de Transexualidad (Becerra, 2002) y al Instituto Nacional de Estadística (Citado en Bustos Moreno, 2008) se estima que la prevalencia de Trastornos de Identidad de Género en España representan un total de 2,024 transexuales (1,438 de varón a mujer y 586 de mujer a varón). Del total, tras el adecuado proceso diagnóstico serían candidatos a cirugía un máximo de 404 personas” en España, según la investigación citada de Chárriez Cordero.

En un estudio más reciente, de Pedro González Fernández -Universidad del País Vasco “Evolución demográfica y morbilidad en la población transexual de Euskadi (2009-2020)”, publicado en marzo de 2022, los datos globales vuelven a ser superiores, pero no dejan de ser casi insignificantes: “Resultados: La frecuencia de la transexualidad en Euskadi es de 2.4 casos por cada 10.000 habitantes”. Es decir 0,024%. Las discrepancias en los datos seguramente se deben a su procedencia: los que son de encuestas sobre el total de población y a los que son datos sobre personas registradas, siempre menores (nos daría el 0,001% en los estudios globales citados anteriormente).

También hay que considerar que a la mayoría de esa pequeña población la nueva ley le va a afectar mínimamente: son personas adultas que han conseguido el cambio de sexo personal, registral u oficial. Va a afectar sobre todo a las nuevas generaciones, a futuros/ras transexuales, les va a afectar en algo a un porcentaje del mínimo citado. Desde luego para lo que sí ha servido la tramitación de la Ley es para que los medios se dediquen a mostrarnos las disputas internas en las izquierdas un día tras otro. Y que las derechas ataquen con seudoinformaciones o mentiras del tipo de cuánto dinero público se va a dedicar a operaciones de cambio de sexo cuando hay enfermedades raras o nuevos tratamientos costosos que no se están asumiendo por la Seguridad Social.

No es un problema social comparable a otros, como la homofobia o los derechos de homosexuales, a veces se incluye en el mismo paquete mezclando todo lo relacionado con LGTBI, que sí afecta a un porcentaje de población importante, solo LGB representa entre el 10 y el 12 por ciento de la población. No es lo mismo hablar de problemas que afectan en España a varios miles de personas (entre el 0,024% y el 0,001%) que otros que incumben a cinco millones.

En las izquierdas hay una tradicional facilidad para tomar como cuestión de principios cualquier tema a debate, rasgarse las vestiduras y decir “por ahí no paso”. No voy a entrar en el tema de fondo que se está debatiendo, hay argumentos para todos los gustos sobre cómo debe realizarse la tramitación de la autodeterminación de género en las personas entre 12 y 14 o 16 años. Pero ¿realmente pensamos que la sociedad española asume como suyo este debate? ¿son estas diferencias tan importantes? ¿Somos conscientes o no de que estos temas nos alejan de la mayoría social? Este es, precisamente, un tema que poco tiene que ver con las preocupaciones de la mayoría y con las diferencias entre clases sociales, que es donde las izquierdas sí puedan mostrarse radicales. No digo que no se legisle sobre la transexualidad, digo que la agenda de los temas a debate público no nos la confeccionen los adversarios.

La vivienda

Un tema diferente: la ley de vivienda y los desahucios. Han afectado a cientos de miles de españoles, año tras año. Y ahí entran en juego todos los intereses de cada clase social. Es la muestra más clara de un problema sustancial, que afecta a un derecho fundamental, el derecho a tener un espacio donde vivir. Se ha hablado bastante de esto pero pocas veces, en pocos artículos, no digamos ya en reportajes televisivos, se profundiza en el tema. A qué clases sociales afecta y cómo se resolvió el problema de los bancos endeudados a partir de la crisis de 2008.

Los bancos, rescatados con dinero público, se hicieron propietarios de decenas de miles de viviendas de gente que han echado a la calle. Nuestro dinero –público-, el de todos, se ha empleado no para rescatar a las familias, si no para que los bancos siguieran ilegítimamente enriqueciéndose. En 2012 en España teníamos un problema fundamental: por la crisis cientos de miles de familias no podían pagar la hipoteca de sus viviendas. Las entidades financieras no recibían ese dinero e iban a entrar en bancarrota. El gobierno del PP podía haber decidido lo más lógico y justo: aportar préstamos (a bajo interés y a largo plazo) para que esas familias siguieran teniendo hipoteca, pero la pagaran poco a poco y en más años… Así las familias hubieran conservado sus viviendas y los bancos seguirían recibiendo dinero, aunque fuera menos, pero sin caer en la bancarrota. El gobierno decidió lo contrario: regalar dinero directamente a los bancos y que las familias se quedaran sin vivienda, en la calle. Además los bancos se convirtieron en propietarios, mediante los desahucios, de cientos de miles de viviendas que no querían para nada. Siguiente paso para beneficiarles: crear el banco malo, la SAREB, para pasarle esos activos “tóxicos”-porque nadie los quería, excepto las familias a las que se les había arrebatado la propiedad. Conclusión, más de 30.000 millones de euros que hemos perdido todos los españoles y cientos de miles de familias viviendo en la calle o hacinadas con familiares, en infraviviendas o de okupas. 

Ahora mismo, aún los bancos y la SAREB siguen siendo propietarios de miles de viviendas que se niegan a que sean utilizables mediante alquileres sociales, salvo alguna pequeña excepción, como el acuerdo conseguido por Ada Colau. Las entidades bancarias y la SAREB son verdaderos okupas de viviendas, las han conseguido protegidas por el dinero público, las mantienen okupadas para nada, en vez de ponerlas a disposición de la gente. Habría que plantearse, si se okupa una casa okupada ¿se es okupa o desokupa? Si se okupa lo ilegítimamente okupado por otros al menos habría que aplicar el viejo refrán de “el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón”.

La acción del Gobierno tiene que ser fundamental para resolver este problema y también para desatascar la ley de vivienda que, en una medida u otra nos afecta a todos. Aquí hay que recordar que el PSOE votó con el PP negándose repetidamente a crear una nueva ley de vivienda, modificar las facilidades para las hipotecas abusivas y otras propuestas planteadas anteriormente por IU en el Congreso, la propuesta de ILP de la PAH, etc. En este tema se ve a quién representa cada partido. Por eso las dificultades para sacar adelante una nueva legislación.

Las izquierdas gubernamentales tienen que ser especialmente cuidadosas en escoger los temas que más afectan a la población y que más interesan. No dejarse marcar la agenda pública por intereses espurios y por el poder mediático, que ya sabemos a quién representa e interesa.

Las formas. Acertemos en la táctica, mantengamos la estrategia

No solo marcar agenda de debate social si no también hacerlo con un lenguaje comprensible que llegue a la mayoría. Hablemos del problema de la vivienda, no de buscar "soluciones habitacionales" para posible población afectada. Huir de modernismos y tecnicismos que, hoy por hoy, pueden ser interesantes para debates académicos o internos ¿Qué lenguaje queremos para las próximas décadas? podría ser el título de unas jornadas universitarias. Los dirigentes políticos se alejan de la inmensa mayoría cuando, por ejemplo, dicen “les niñes tienen el derecho a tener las relaciones sexuales que quieran, siempre que sean consentidas”. Este tipo de discurso, desacertado en la forma y en el fondo, realizado por dirigentes o máximos poderes gubernamentales, pocos votos atraerán, más bien lo contrario.

Cuando un concejal o dirigente político varón habla de “nosotras las que…” Está muy bien para utilizar nuestro propio idioma y nuestra jerga idiomática, con sus claves internas y sus guiños, feministas en este caso, muy satisfactorio para las personas del grupo donde nos movemos, para recibir sus aplausos, pero ¿se está investigando cómo lo recibe la mayoría de la población? Qué sentimientos le produce, cercanía o rechazo, o simplemente de no entender. Acertemos en la táctica, en lo cercano e inmediato, sin desviarnos de nuestros objetivos a largo plazo, estratégicos. 

Si queremos sumar hay que centrarse en lo importante para la mayoría y que sea entendido (y a Sumar dedicaremos el próximo artículo).